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Julio Gómez-Pomar, Director del Centro PwC & IE del Sector Público
Las relaciones entre la administración y, en general, los poderes públicos y los ciudadanos han experimentado una profunda transformación en los últimos años. Hoy día, los ciudadanos no perciben a las administraciones públicas como instituciones que les son extrañas y cuya existencia y forma de actuar es plenamente independiente de su voluntad. Bien al contrario, éstos quieren y exigen que las administraciones y los empleados que las sirven sean eficaces y que su comportamiento sea transparente y responda a unos principios éticos. Ello ha motivado que más allá de las normas que establecen los derechos y deberes de los empleados públicos, muchos países hayan elaborado “códigos de conducta” o “códigos éticos” que constituyen un conjunto ordenado de reglas y principios de comportamiento o deontología especialmente adecuada para el desempeño de la función pública. Hablar de ética pública no es novedoso; lo que es más reciente es la preocupación por regularla, por establecer un catálogo de principios que les sea exigible a los empleados públicos y que traslade a la ciudadanía la forma en la que hoy los poderes públicos entienden el desempeño de sus cometidos. Indisolublemente unido a la idea de comportamiento o conducta ética está la idea de responsabilidad. Si al empleado público le son exigibles una serie de deberes y un comportamiento respetuoso con unos principios éticos, unos y otro solo cobran pleno sentido ante la sociedad cuando encuentran un nivel correspondiente y proporcionado de responsabilidad.
La forma en la que los países han abordado esta cuestión ha sido muy diversa. El nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado el pasado 12 de abril, adopta una posición intermedia entre los países que recogen, como era nuestra tradición, los derechos y deberes de los funcionarios en una ley y los que más allá de la norma disponen de un código de conducta que no tiene un rango normativo. El nuevo Estatuto da un tratamiento a los principios éticos de actuación y comportamiento de los empleados públicos se sitúa entre lo “dispositivo” y lo “orientativo”. Los artículos 53 y 54 del nuevo Estatuto contienen, respectivamente, el catálogo de principios éticos y principios de conducta de los empleados públicos. Previamente, el artículo 52 enumera la relación de principios que deben guiar la actuación de los empleados: Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.


Lo cierto es que los citados tres artículos resuelven de manera poco consistente cuestiones tan trascendentes como son las normas de conducta y los principios éticos de los empleados públicos. Pero no creo que sea un problema del legislador. Quizá el principal problema reside en querer dar solución plena a esta materia en un único texto legal, omnicomprensivo del régimen jurídico del empleo público y necesariamente referido a las personas y no a las instituciones públicas. La enumeración de principios del artículo 52 debería predicarse respecto de la forma en la que se concibe el funcionamiento de las Administraciones Públicas en el siglo XXI. Antes que el funcionario, quién tiene que buscar la equidad, la imparcialidad o la eficacia es la propia administración pública. Y dado que los valores que se predican para nuestras administraciones públicas son los que son, por ello el empleado público debe comportarse de una manera determinada. Es precisa una declaración previa del entorno de actuación de los poderes públicos, de sus valores y su concepto del servicio público como marco en el que son exigibles unas normas de comportamiento a los empleados públicos. En esta traslación de los principios a la persona sin referencia a la institución, el artículo 52 dice que los empleados públicos deberán promocionar el entorno cultural y medioambiental. El apartado 11 del artículo 54 nos ofrece un nuevo ejemplo de esta confusión al señalar que corresponde a los empleados públicos garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. Esta conducta no parece propio que se exija directamente a los empleados públicos. Tendrá que ser la administración de que se trate, en cada caso, la que haga efectiva la promoción del entorno cultural y medioambiental o el que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a utilizar una lengua cooficial en el territorio, pero no pueden ser obligaciones exigibles a cualquier servidor público.
Es más, la verdadera dimensión que explica porqué las administraciones públicas deben responder en sus actuaciones a una serie de principios o valores y porque los funcionarios o los empleados públicos deben cumplir unos principios éticos y ajustar su comportamiento a unas normas de conducta, no es consecuencia de que las administraciones públicas deban ser, originariamente, de una u otra manera, sino que ambas cosas son consecuencia del reconocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos y a los que los poderes públicos deben servir. Por todo ello, creo que hubiera sido más conveniente elaborar un texto independiente, más en línea con la práctica anglosajona, que aquí nos lleva una clara delantera, que recogiera sistemáticamente los derechos de los ciudadanos ante la administración, los valores que inspiran en las organizaciones públicas que los sirven y los principios éticos y normas de conducta que, en consecuencia, les son exigibles a los empleados públicos.

Comments

Wedding Entertainment October 28, 2013 - 2:21 am

Brilliant information thanks for your time!

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